El otro día me encontré con la madre de un muchacho que fue cliente (muy activo pero no muy malo) durante su minoría de edad, alguna pelea, algún robo… y al preguntarle por «el niño» me dijo que estaba en prisión (de adultos), me encargó el asunto y, en seguida, me puse a trabajar.
Enseguida nos concedieron del juzgado la posibilidad de libertad bajo una fianza que no era excesiva y al ir a comunicárselo al muchacho me dijo que se quedaba, que no pagáramos la fianza. Le pregunté el motivo de no querer salir en libertad y me dijo simplemente que la cárcel no era como el centro de menores, que allí se sentía protegido, ayudado por los compañeros, pero también por los funcionarios y volvió a contanme el insufrible trato que recibió cuando ingreso en régimen cerrado en el centro de menores, donde el maltrato, las peleas, los abusos, los robos y la falta de tratamiento eran de costumbre casi diaria.
- Imagen de http://www.iesoa.pangea.org
No es el primer joven que me manifiesta este tipo de opinión, u otras como «tenía que haber esperado a tener 18», lo cual me lleva a reflexionar sobre la demagogia sobre la ley penal del meor y su aplicación, pero sobre todo esto incita a preguntarse ¿por qué un centro creado para la resocialización de los más resocializables, que son los menores, funciona infinitamente peor que una prisión de adultos en su fin de prevención general?.
La lógica nos dice que tendría que ser al revés. Yo apuntaría como principales causas el carácter público de Instituciones Penitenciarias y su base sobre una excelente Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 (única en nuestra democracia en aprobarse por unanimidad y aclamación, y la primera de esta época democrática), frente al carácter privado, en la mayoría de los casos (al menos en Madrid).
La consecuencia inmediata es que Instituciones Penitenciarias invierte una cantidad ingente de dinero en Instalaciones y personal formado para el desarrollo de las funciones (desde el cuerpo de ayudantes, la mayoría licenciados en derecho, hasta los equipos técnicos y directivos), todos ellos funcionarios, frente al recorte del gasto que la empresa privada realiza en la función social que la comunidad autónoma le encomienda: menos personal, menos cualificado, menos seguridad, menos tratamiento, lo que determina que la función del servicio no se está prestando y los menores que ingresan por haber cometido un delito, salen mucho mejor preparados para la vida delincuencial, y con un bagaje delictivo ampliado durante la estancia en el centro.
Realmente no lo comprendo.
Ignacio Martínez San Macario
Bitácora de Ignacio Martínez San Macario 
Estimado letrado:
No lo comprendes, dices. Pero, la respuesta es evidente. La mano privada que afirma que todos los males de gestión cura, en realidad ni eso hace. Pues no hay datos empíricos que demuestren una mejor gestión de los centros o un mayor ahorro para el contribuyente. En realidad es lo mismo que ocurriera en los EEUU hace años con las prisiones privadas. Ningún éxito, tan sólo publicidad hueca y delegación de competencias para enriquecer a unos pocos rcortaando gastos de los programa stratamentales, de la alimentación o de los progranmas deportivos y destinados a la resocialización. Tiene su lógica. ¿Cuándo se ha visto un empresario que acepte las pérdidas por amor a la sociedad? Solamente cuando las pérdidas no son suyas. Y la pérdida de legitimidad del Estado al delegar estas funciones a la larga se paga y da lugar a estas circunstancias de mayor garantía de los derechos en los Centros penitenciarios de adultos. El extenso y magnífico libro, omnicomprensivo de la realidad del internamiento de los menores en España, que está por salir publicado por el Ministerio del Interior, del que fuera premiado con el Victoria Kent de 2010, el Dr. Cámara Arroyo, hace precisamente esta reflexión y la resuelve en tal dirección. Es necesario un Derecho penitenciario de menores con las mismas garantías que la LOGP y el regreso a la gestión pública de tan importante labor, desprestigiada y empobrecida por mercaderes y especuladores, que se lucran (incumpliendo lo dispuesto en el art. 45.3 de la LORPM que prescribe la inexistencia de ánimo de lucro en la gestión privada) mientras los jóvenes presos son segregados.
La única esperanza que nos queda es precisamente el buen hacer de Instituciones Penitenciarias en sus centros de adultos frente a estos micromundos privatizados para menores que, en España funcionan tan mal, porque a diferencia de lo que hicieran en EEUU los empresarios privados que en los años 80 del s. XX quisieron esta competencia para como estrategia ofrecer algo de calidad y asi quedarse después con lo gordo del pastel ofreciendo contratos de 20 años para las prisiones de adultos, en España los empresarios y asociaciones encargadas de la labor penal de los menores ni siquiera visulmbran tal estratagema, por chapuceros y en algunos casos por irresponsables.