Responsabilidad penal de personas jurídicas

Una de las novedades más importantes que introduce la LO 5/2010 sobre la reforma del código penal es la inclusión dentro de los sujetos de derecho penal a las personas jurídicas atribuyéndoles responsabilidad penal independiente a la responsabilidad de sus administradores o trabajadores que actúen en su nombre.

El artículo 31 bis delcódigo establece que:

1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.

En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

Queda excluida la responsabilidad penal del Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, los partidos políticos y sindicatos,  las organizaciones internacionales de derecho público, y aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, salvo, en estos supuestos, que se trate de haber creado la persona jurídica con el fín de eludir la responsabilidad ( una especie de actio libera in causa).

Comencemos por el final: LA PENA por antonomasia será de la la multa por cuotas y proporcional (del tanto al duplo, triplo o séptuplo) por lo que se aprecia que está básicamente pensado para delitos de contenido económico, como veremos, si bien se establecen otro tipo de penas como la disolución, suspensión de actividades, clausura de locales inhabilitación para obtener subvenciones o para contratar con la Administración Pública, imposibilidad de acceder a beneficios fiscales o de Seguridad Social…).

Sin embargo esta responsabilidad desaparecerá si la empresa desaparece, por lo que el própio código establece sitemas para evitar el fraude al objeto de evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión, se contienen previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolución aparente o encubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé lugar la escisión, como establace el preámbulo de la Ley.

Respecto a LOS DELITOS, las personas jurídicas tienen limitada su responsabilidad para la comisión de un determinado número de delitos, que se puedan cometer dentro del ámbito de su actividad empresarial:

  • Delitos relativos a la manipulación genética (Vid. art. 162).
  • Daños informáticos (Vid. nuevo art. 264).
  • Delitos relativos al mercado y los consumidores (Vid. art. 288).
  • Delito societario consistente en el impedimento o negativa a la supervisión administrativa (Vid. art. 294).
  • Blanqueo de capitales cometido por organizaciones (Vid. art. 302).
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (Vid. nuevo art. 310 bis).
  • Contra los derechos de los trabajadores (Vid. art. 318).
  • Delitos contra la ordenación del territorio (Vid. art. 319.4).
  • Contra los recursos naturales y el medio ambiente (Vid. arts. 325.2 y 327).
  • Contra la salud pública (Vid. art. 366).
  • Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (Vid. nuevo art. 399 bis 1).
  • Cohecho (Vid. art. 424.3).
  • Tráfico de influencias (art. 430 pfo. segundo).
  • Corrupción en las transacciones comerciales internacionales (Vid. art. 445.2).

Ninguna persona jurídica podrá ser declarada penalmente responsable por delitos que no hallen dentro de los de esta lista.

Habrá responsabilidad penal de “la empresa” cuando el delito lo cometan sus administradores de hecho o de derecho en su nombre y provecho, lo que resulta una responsabilidad asumida y controlada por la empresa y quienes la dirigen.

Sin embargo, y aquí está lo indeterminado del asunto, también cuando los trabajadores cometan el delito en beneficio de la empresa, siempre que hayan “podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”.

¿Y qué es debido control? ¿cámaras espía, gps, organización militar? Pues… en principio no. Por lo que, al igual que ha sucedido con los riesgos laborales, los “riesgos penales” van a requerir de los servicios de un abogado y una póliza de  seguro que cubra el riesgo de una condena.

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Acerca de martinezsanmacario

Abogado especializado en Derecho Penal y Penitenciario. Compatibilizo el ejercicio profesional con la docencia como Pofesor de Informática Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá.
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