Plan de modernización de la Justicia o el fax

Desde que en abril de 1875 desde Bruselas hasta Washington donde Ulysses S. Grant leyó: “Here from the University of Brussels, today April 27, 1875, Mr. Grant will wish you a happy birthday. By the way has just patented the fax”. (si bien hay quien habla de Alexander Bain como el inventor del fax, en 1843, hasta nuestros días el fax ha caminado de la mano de las profesiones jurídicas resultando útil aliado para las comunicaciones entre Juzgados y despachos de abogados ( no al revés ya que en lineas generales no se admiten los escritos que el abogado envía por fax al juzgado).

Uno de los grandes problemas que presenta el fax es la elevada probabilidad de que el documento no llegue, o llegue defectuoso, o le falten páginas, bien por problemas en el fax (falta de tinta, papel…) o bien por resultado negativo que en el reporte no aparece o aparece y no se da cuenta quien lo envía.

Mis aventuras y desventuras con el fax, como me imagino que las de tod@s l@s que lo usan, son variadas y, unas con mucha gracia y, otras con menos.

La última se generó hace unos tres meses cuando, tras sufrir una incidencia en mi linea de adsl en el despacho y tener que enviar un fax urgente desde un fax público a un compañero para que lo presente en el registro de los juzgados, el juzgado, obviando mi escrito de personación con fax, móvil y correo electrónico, toma como fax de comunicación el del encabezado del fax de envío y me notifica las resoluciones a ese fax.

Las consecuencias para el procedimiento no han resultado especialmente graves debido a que se trataba de una estimación de un recurso de reforma sobre el archivo de la causa y la continuación y realización de las diligencias solicitadas.

Los grandes problemas son, que si la casualidad no hubiera operado haciéndome pasar por aquel público lugar nuevamente, seguiríamos esperando resolución, pero ¿y los datos personales de los implicados en las diligencias previas?, ¿deben los datos personales de los justiciables circular por otros canales que no son los de la administración de Justicia exclusivamente? Evidentemente no.

Fue el fax el que, sumado a las demás circuntancias, produjo la liberación de un preso que hizo mandar al juzgado un auto de la audiencia por el que se le concedía la libertad provisional falso, es decir, falseando el contenido al cambiar el nombre y nº de procedimiento y modificando los datos del encabezado del fax, que recibido por el juzgado de guardia, pone en funcionamiento el procedimiento urgente por el que una persona no puede permanecer en prisión una vez concedida la libertad.

El mismo aparato que ha proporcionado históricamente tantas ventajas, hoy, se vuelve, curiosamente, peligroso para el proceso judicial debido, sobre todo, a la falta de verificación de la recepción o acreditación del envío de forma fehaciente.

Por ello se hace imprescindible sustituir las comunicaciones via fax, por otras tecnologías de las que ya se dispone de desarrollo suficiente para su implantación en Justicia: EL CORREO ELECTRÓNICO.

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Jornada sobre “La instrucción e investigación de delitos informáticos”

Como ya sabréis, uno de mis “vicios” es la asistencia a eventos jurídicos (pincha el enlace para ver  http://www.eventosjuridicos.es/ ). Por ello y tras unos meses de sequía, la Asociación de Jóvenes Abogados de Alcalá propone una jornada sobre delitos informáticos, que se organiza con la colaboración del Despacho Martínez-San Macario, dado el interés que el tema tiene para los que ejercemos la abogacía en el ámbito penal.

En definitiva, creo que sería de gran interés para tod@s  la asistencia de este evento que será de entrada libre y gratuito (hasta completar el aforo) ya que se ha conseguido juntar en un mismo acto a quienes posiblemente sean los dos expertos, en su ámbito de actuación (juez instructor y policía científica) en la investigación e instrucción de los delitos cometidos a través de internet y con equipos informáticos o electrónicos.

Corto y pego el cartel del evento, y os espero a tod@s en el Colegio de abogados de Alcalá de Henares el próximo jueves, 16 de junio a las 17,00 horas.

LUGAR: Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares.

FECHA: Jueves 16 de Junio de 2011.

HORA: 17,00h.

ORGANIZA Y FINANCIA: Asociación de Jóvenes Abogados (AJA).

ENTRADA: Libre hasta completar aforo.

La Asociación de Jóvenes Abogados (AJA) organiza esta jornada sobre “La investigación e instrucción de los delitos informáticos” que tendrá un contenido eminentemente práctico orientado a la formación de los asistentes en las diligencias de prueba en este tipo de delitos, su realización técnica y su ratificación a través de la prueba pericial en el acto del juicio oral.

Para ello contamos con dos ponentes de excepción que desarrollarán cada una de las dos ponencias que componen esta jornada:

Primera Ponencia. 17,00 h.

–         “LA INSTRUCCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE INTERNET”, ponencia a cargo del Ilustrísimo Señor Don ELOY VELASCO NÚÑEZ, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.

Segunda Ponencia. 18,00 h.

–         “INVESTIGACIÓN Y PERICIA INFORMÁTICA”, ponencia a cargo del Señor  Don JORGE MARTÍN GARCÍA, Inspector Jefe de Grupo de Analisis de Sofware de la Sección de Informática Forense, de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica.

DEBATE.

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¿Por qué los jóvenes prefieren la prisión a los centros de menores?

El otro día me encontré con la madre de un muchacho que fue cliente (muy activo pero no muy malo) durante su minoría de edad, alguna pelea, algún robo… y al preguntarle por “el niño” me dijo que estaba en prisión (de adultos), me encargó el asunto y, en seguida, me puse a trabajar.

Enseguida nos concedieron del juzgado la posibilidad de libertad bajo una fianza que no era excesiva y al ir a comunicárselo al muchacho me dijo que se quedaba, que no pagáramos la fianza. Le pregunté el motivo de no querer salir en libertad y me dijo simplemente que la cárcel no era como el centro de menores, que allí se sentía protegido, ayudado por los compañeros, pero también por los funcionarios y volvió a contanme el insufrible trato que recibió cuando ingreso en régimen cerrado en el centro de menores, donde el maltrato, las peleas, los abusos, los robos y la falta de tratamiento eran de costumbre casi diaria.

No es el primer joven que me manifiesta este tipo de opinión, u otras como “tenía que haber esperado a tener 18”, lo cual me lleva a reflexionar sobre la demagogia sobre la ley penal del meor y su aplicación, pero sobre todo esto incita a preguntarse ¿por qué un centro creado para la resocialización de los más resocializables, que son los menores, funciona infinitamente peor que una prisión de adultos en su fin de prevención general?.

La lógica nos dice que tendría que ser al revés. Yo apuntaría como principales causas el carácter público de Instituciones Penitenciarias y su base sobre una excelente Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 (única en nuestra democracia en aprobarse por unanimidad y aclamación, y la primera de esta época democrática), frente al carácter privado, en la mayoría de los casos (al menos en Madrid).

La consecuencia inmediata es que Instituciones Penitenciarias invierte una cantidad ingente de dinero en Instalaciones y personal formado para el desarrollo de las funciones (desde el cuerpo de ayudantes, la mayoría licenciados en derecho, hasta los equipos técnicos y directivos), todos ellos funcionarios, frente al recorte del gasto que la empresa privada realiza en la función social que la comunidad autónoma le encomienda: menos personal, menos cualificado, menos seguridad, menos tratamiento, lo que determina que la función del servicio no se está prestando y los menores que ingresan por haber cometido un delito, salen mucho mejor preparados para la vida delincuencial, y con un bagaje delictivo ampliado durante la estancia en el centro.

Realmente no lo comprendo.

Ignacio Martínez San Macario

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Cien años de Policía Científica

(Pinche aquí para decargar el programa en pdf)

Que una organización cumpla cien años ininterrumpidos es un motivo de satisfacción para todos sus integrantes. Que esos años se
hayan dedicado al servicio de la Justicia constituye un honor.
Durante ese tiempo la Policía Científica ha pasado de ser un embrión, que introdujo la identificación dactilar del imputado en nuestro país, a una organización con más de dos mil expertos a nivel nacional que cubren todas las áreas de las ciencias forenses, guiados siempre por la idea de mantener la más estricta objetividad en su trabajo.
Hoy día podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Policía Científica es una organización, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, que se encuentra al máximo nivel de competencia y eficacia en el ámbito de las ciencias forenses.
La necesidad sentida durante mucho tiempo por los profesionales de la Policía Científica de dotar a sus Informes y trabajos de unas sólidas bases científicas, se ve cumplida a través de la cada vez más
estrecha colaboración con la Universidad, siendo esta de Alcalá de
Henares, que fue cuna de saberes perdurables, con la que se articuló un Convenio de Colaboración que en poco más de tres años ha dado unos frutos enormes, reflejados en la realización de un Master Universitario que es modelo para Iberoamérica y en el desarrollo de unos Proyectosde Investigación que cubren todas las áreas de las ciencias forenses.
Con objeto de conmemorar el centenerio de esta institución la Facultad de Derecho de la UAH, acoge en la semana del 21 de Marzo y hasta el 25 una exposición permanente donde podrán disfrutar los visitantes de los instrumentos y documentos  utlizados en la Policiía Centífica durante estos cien años. Se podrá visitar, asimismo el camión con el equipamiento completo que en horario de la Facultad está abierto al público.

Esta exposición es un tributo a esos cien años y muestra de la actualidad que se refleja en las conferencias que sobre toda la casuística de policía científica van a tener lugar durante estos días.

CICLO DE CONFERENCIAS: de 19,00h a 20,30 h

21 de marzo:
ACTO DE INAUGURACIÓN (18:00 horas)
LA INSPECCIÓN OCULAR
ANTONIO DEL AMO RODRÍGUEZ. Comisaría General de Policía Científica
LA PRUEBA PERICIAL EN EL PROCESO PENAL
CARMEN FIGUEROA NAVARRO. Derecho Penal de la UAH
22 de marzo:
GENÉTICA FORENSE
LOURDES PRIETO SOLLA. Comisaría General de Policía Científica
ANTROPOLOGÍA FORENSE
VIRGINIA GALERA OLMO. Antropología Física de la UAH
23 de marzo:
BALÍSTICA
ADOLFO BUSTA OLIVAR. Comisaría General de Policía Científica
LOFOSCOPIA.
ESPERANZA GUTIÉRREZ REDOMERO. Antropología Física de la UAH
24 de marzo:
DOCUMENTOSCOPIA.
AMADOR MORIANO MOHEDANO. Comisaría General de Policía Científica
ENTOMOLOGÍA FORENSE.
LUISA Mª DÍAZ ARANDA. Zoología de la UAH
25 de marzo:
QUÍMICA FORENSE .
CARMEN GARCÍA RUIZ y MERCEDES TORRE ROLDÁN. Química Analítica de la UAH
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA FORENSE.
Mª JESÚS LLORENTE VEGA. Comisaría General de Policía Científica

 

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Los delitos informáticos tras la reforma

Salud pública, patrimoniales y contra la vida y la integridad de las personas siguen siendo estadísticamente los delitos que numéricamente llenan nuestros centros penitenciarios.

La delincuencia “clásica” no ha desaparecido, sin embargo, desde hace años se viene abriendo paso una nueva delincuencia adaptada a la sociedad tecnológica que actúa sin violencia o intimidación, pero cuyos resultados lesivos son incluso mayores y cuya calificación jurídica y actividad probatoria en su persecución ofrece todo tipo de discusiones doctrinales y jurisprudenciales; son los llamados delitos informáticos, aquellos que su perpetración se realiza, bien a través de herramientas informáticas, o bien con la utilización de medios informáticos para conseguir el resultado típico.

La primera discusión que ofrece es sobre la forma de regular este tipo de delincuencia planteándose dos alternativas: una regulación específica en un capítulo o título del código penal bajo la rúbrica de “delitos informáticos”, o bien la elegida por nuestro código penal, la identificación de las figuras nuevas con los delitos ya existentes quedando incluidos dentro del tipo de amenazas, estafas, daños, descubrimiento y revelación de secretos, etcétera, como un subtipo, generalmente agravado.

La reforma operada en nuestro código penal tras la entrada en vigor de la LO 5/2010 abandona definitivamente la tendencia en décadas anteriores de “huída del código penal” para pasar a criminalizar nuevas conductas, incrementado las penas de las ya existentes.

Sin entrar a valorar el acierto o no de esta técnica legislativa, sí que resulta acertada la inclusión de las nuevas figuras delictivas y modificaciones relativas a la delincuencia informática, incluyendo estos delitos como susceptibles de originar responsabilidad penal en las personas jurídicas, figura que resulta más discutible y en la que no entraremos por no ser el tema objeto de este artículo.

La reforma en materia de delincuencia informática.-

Justifica el preámbulo de la LO 5/2010 la reforma en cuanto a este tipo de delitos en «cumplimentar la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005 (LCEur 2005, 520) , relativa a los ataques contra los sistemas de información», diferenciando dos figuras en rúbricas diferentes al ser bienes jurídicos diversos: daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos, quedando así reguladas expresamente las conductas tendentes a deteriorar o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, así como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno, por un lado; y por otro el acceso sin autorización vulnerando las medidas de seguridad a datos o programas informáticos contenidos en un sistema o en parte del mismo.

Las estafas informáticas que se muestran como el “delito de moda” mejoran su regulación anterior que incluía los fraudes informáticos, incorporando el fraude por la utilización de tarjetas ajenas o los datos obrantes en ellas en perjuicio de su titular o de un tercero.

Los tres principales delitos informáticos afectados por la reforma han sido, utilizando la denominación que nos presta del derecho anglosajón el «hacking» o intrusión informática (art.197 CP), la estafa informática (art.248 CP) y el «cracking» o daños informáticos, previsto en el art. 264 CP.

1) Hacking

En el artículo 197 se introduce un nuevo apartado 3, y se añade un apartado 8, con la siguiente redacción:

«3. El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

[…]

8. Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o grupo criminales, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado».

Este tipo de conductas se viene denominando como «hacking blanco», y es el simple acceso inconsentido a informaciones ubicadas en el sistema informático  castigando el solo hecho de saltarse las medidas de seguridad informática, habiéndolo descrito algunos autores como un atentado al derecho a la “intimidad informática”.

2) Estafa informática

Se modifica el artículo 248, que queda redactado como sigue:

«1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2. También se consideran reos de estafa:

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero».

La reforma amplía los supuestos de estafa a aquellos en los que el engaño se realiza a través de la informática, como la utilización de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje para realizar operaciones de cualquier clase en perjuicio del titular o de un tercero.

3) Cracking

Se modifica el artículo 264, que queda redactado como sigue:

«1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1º. Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.

2º. Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.

4. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa del doble al cuádruple del perjuicio causado, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al triple del perjuicio causado, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33».

En cuanto a los daños informáticos, la reforma supone dos cosas a) introduce unas mejoras técnicas, perfilándose mejor la conducta típica y b) agrava la pena cuando el autor sea una organización criminal, la conducta sea de especial gravedad o quepa atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica.

La tipicidad de estos daños requiere, como requisito esencial, la “gravedad” del resultado, lo que nos remite a una futura jurisprudencia la interpretación de éste concepto jurídico indeterminado.

Otras reformas de la reforma.-

1)    Los delitos sexuales añaden el art. 183 bis que persigue contactar con menores de trece años para encuentros sexuales.

Se incrementan las penas para la utilización de menores o incapaces en espectáculos o producción de material pornográficos, e introduce la prostitución y corrupción de menores en el catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas.

2) En el “robo tecnológico” las tarjetas, magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia se convierten en “llaves falsas” de forma expresa, si bien se recogían como tal en la redacción anterior como cualquier otro instrumento tecnológico.

3) También afecta la reforma a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el más interesante es la degradación a falta de la distribución de material que atente contra estos derechos (“manteros”) estableciendo el clásico límite de los 400 euros.

 

Lo cierto es que la tecnología es un elemento que afecta sustancialmente a las clásicas concepciones del derecho en general, y en particular a las del derecho penal y procesal por lo que irremediablemente con el desarrollo tecnológico nos encontraremos ante un nuevo sistema penal, que ya estamos creando y, desde luego una nueva regulación del procedimiento y en particular de determinadas diligencias de prueba y garantías de las mismas ante un procedimiento penal.

 

Ignacio Martínez san Macario

 

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El Juicio rápido más lento del mundo

En un principio nuestro procedimiento penal, por aquello de las garantías, era un procedimiento sumario ordinario donde las diligencias más importantes se realizan por duplicado, pero aquello se vió que ralentizaba mucho las fases de instrucción e intermedia, y se inventó el procedimiento abreviado para todos los delitos con penas privativas de libertad no superiores a nueve años y el sumario en el resto: ¡la solución! gritaron algunos;

Pero el tiempo trunco aquellas espectativas de agilización y se inventaron los juicios rápidos y después las faltas inmediatas, pero tampoco solucionaron el colapso, por lo que como dijera en su día un gran maestro “enseguida tendremos los juicios instantaneos” y después y directamente y sin rubor los “juicios sin garantías” (para aquellos delincuentes que no las necesiten)

Anoche sonó el teléfono a las dos de la mañana, era la policía que tenía un detenido por un presunto delito de violencia de género que nos emplazaba a asistirle a las siete de la mañana; mandato que cumplimos escrupulosamente, para pasar después a disposición judicial.

Nos las prometíamos muy felices, respecto al tiempo, al haber manifestado la perjudicada en sede policial no querer manifestar nada, sin embargo, el jucio rápido se complicó sobre manera en presencia de Su Señoría cuando lo que empezó a verse tras las declaraciones de unos y otros era, no una disputa familiar, sino una batalla campal entre todos los integrantes de la familia, excepto una niñita de tres meses que debió observar atónita tan dantesco espectáculo familiar.

Así entre declaraciones de víctimas, testigos, perjudicados, informes del  médico forense, comparecencias, actas guiadas, cruces de acusaciones y de escritos de acusación y los pertinentes de las defensas, que a su vez éramos acusaciones, autos acordando medidas, autos denegando medidas, notificicaciones, citaciones a juicio y, finalmente, auto de libertad provisional, hemos terminado el rápido “juicio rápido” hacia las seis de la tarde.

En el penal va a ser de escándalo. ¿Para cuando la mediación penal para adultos? (sobre todo en temas de violencia doméstica).

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Jornadas sobre la reforma del código penal: Conferencias

En el anterior post comentábamos la celebración de las jornadas y publicábamos el enlace para seguirlas on-line.

A las conferencias acudieron en torno a 70 personas en ambas jornadas, y fue seguida a través de internet por 285 usuarios distintos en 700 conexiones y con un pico máximo de 98 personas conectadas a la vez.

Pues bien, las “luces y sonbras sobre la reforma del código penal” se pusieron de manifiesto a través de las conferencias del Profesor Vives Antón y el Magistrado Don Julián Sánchez Melgar y la jornada de trabajo que nos brindaron el catedrático y abogado Don Esteban Mestre Delgado y el Fiscal Don César de Rivas Verdes Montenegro. Poco que comentar respecto a la cercanía y sabiduría con que los cuatro invitados a las jornadas explicaron y debatieron con los asistentes a los actos. Este breve post es para agradecer su presencia y manifestar mi satisfacción con el resultado de las jornadas. En este enlace podrán descargar las ponencias del Profesor Víves y de Don Julián Sánchez Melgar todos aquellos que no pudieron seguirlas, sea en nuestro salón de actos del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, sea a través de internet. Enlace para descargar las ponencias

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